Por: Germán Reyna y Herrero.
Las irregularidades en la nómina y equivocaciones en la contratación pública son las más recurrentes en los informes de auditoría de los municipios y en la federación. En el caso de los errores de nómina se encuentran los pagos indebidos a los trabajadores, registro en las bases de datos y falta de documentación comprobatoria. En la contratación, todas las etapas presentan irregularidades, como puede ser un estudio de mercado o la recepción de bienes y servicios.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (2022) indicó que los pagos indebidos en la nómina incluyen el pago a personas fuera de las bases de datos o la falta de remuneración que cumplieron con sus funciones. Un ejemplo son los 74 millones de pesos pendientes de aclaración e irregularidades en la nómina que presenta el fideicomiso “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”.
De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación en febrero de 2025 informó que los estados y municipios son los entes que poseen más irregularidades debido a que no han podido justificar más de 40 millones de pesos de la Cuenta Pública 2023.
En este sentido es importante recordar que la Cuenta Pública Municipal es el documento en el que se manifiesta la forma en que el Ayuntamiento maneja las finanzas públicas, así como cuando se tiene establecido el presupuesto por programa, el grado de cumplimiento de estos y los subprogramas autorizados. Así, al rendir un informe anual al Congreso del Estado, se cumple a cabalidad un acto de transparencia hacia la sociedad ya que se informa cómo y por qué concepto se obtuvieron los ingresos, y en qué fueron empleados los recursos públicos constituidos por ingresos y el patrimonio.
La información que contiene la cuenta involucra las medidas administrativas que se llevaron a cabo para alcanzar los montos recaudados, y los objetivos y metas logrados con el uso racional del gasto público, alineados armónicamente con los planes de desarrollo federal y estatal.
La importancia de la Cuenta Pública está determinada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual se establece el Artículo 1, el cual se resume como:
La fiscalización de la Cuenta Pública revisa ingresos, egresos (incluidos subsidios y donativos), fondos, gastos fiscales y deuda pública, así como el manejo y uso de recursos públicos federales, salvo participaciones. Evalúa la gestión financiera de las entidades, verifica el cumplimiento del Presupuesto, la Ley de Ingresos y leyes aplicables, además de realizar auditorías de desempeño bajo criterios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley citada, podríamos resumirlo, en su Sección IX, lo que se entiende por entidades fiscalizadas:
Los Poderes de la Unión, entes públicos federales, órganos jurisdiccionales ajenos al Poder Judicial Federal, entidades federativas, municipios, órganos político-administrativos del Distrito Federal, sus dependencias y entidades relacionadas, organismos de interés público distintos a partidos políticos, mandatos y fideicomisos públicos o privados que reciban recursos federales, así como cualquier persona física o moral, pública o privada, que maneje fondos federales, incluyendo entidades autorizadas para emitir recibos deducibles por donaciones, quedan sujetas a esta regulación.
Como se ha manifestado anteriormente, la gestión administrativa es una de las principales fallas en términos de Cuenta Pública. Eunice Hernández Torres, en la tesis denominada “Implicaciones de la institucionalización del control interno municipal: vigilancia a servidores públicos en los municipios urbanos de México, 2017” señala que los gobiernos municipales deben centrar su atención en reformas institucionales referentes a las dimensiones política y administrativa. Y es que la falta de certeza en los procesos administrativos incentiva a que los usuarios y otros servidores públicos puntualicen más las actuaciones de los empleados municipales que consideran inadecuadas.
De ahí que la autora refiera que el control interno es una herramienta que apoya a las organizaciones a obtener de manera más eficaz sus propósitos, los cuales, en el ámbito público, se relacionan con un manejo adecuado de los recursos y de brindar bienes y servicios a la población.
Podemos concluir que el control interno resulta una herramienta fundamental para regular la acción pública municipal, a la vez de ser un contrapeso a las acciones del poder público. De ahí la importancia de reforzar los mecanismo que fortalezcan este instrumento de control por excelencia.
