Por: Germán Reyna y Herrero.

Un buen gobierno se caracteriza por la transparencia que ejerce, ya que constituye un elemento esencial en el proceso de rendición de cuentas, además de ser una herramienta que conduce el derecho de acceso a la información, lo cual permite la legitimación de una administración pública que se compromete con la ciudadanía respecto a la recuperación y conservación de la confianza de sus ciudadanos. No obstante, si no existe transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, se origina opacidad, aspecto que exige fortalecer la gestión gubernamental a través de modernizar la administración pública y promover la participación de la sociedad.

Es importante especificar que la transparencia se entiende como la exposición de la información fiscal para disposición del público por parte de los gobiernos locales. En este sentido, un ciudadano puede conocer cómo se desarrollan las funciones que existen dentro de la administración pública para posteriormente generar una evaluación y, por tanto, desarrollar un criterio que le permita tomar decisiones de manera informada.

El concepto de transparencia fiscal ha sido ampliamente abordado por los gobiernos locales, de tal forma que forma parte de las agendas públicas de los municipios y estados de México. Esto concuerda con una política de actuar con austeridad y racionalidad de los recursos públicos, sobre todo para evitar su mal uso, la ineficiencia en su operación y los abusos por parte de los funcionarios públicos.

Ante este escenario, es fundamental comprender la manera en que se mide la transparencia fiscal. El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) se constituye como el instrumento que actualmente evalúa la disponibilidad y la calidad de la información financiera y fiscal de las entidades federativas.

El último índice se publicó en 2023 y tuvo el objetivo de continuar con la evaluación de los portales oficiales de los Gobiernos Estatales. Primero, comprobar que se esté publicando información que sea de utilidad para la consulta, a través de documentos de respaldo y archivos que cumplan con las características de datos abiertos señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las variables se fundamentan en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como el acatamiento a la Ley General de Transparencia, con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Igualmente, se evalúa a los ayuntamientos con estándares de calidad sólidos, que cuenten con una presentación de información fiscal y financiera, que se distingan por brindar una presentación de documentos ordenados y limpios, presentación de datos abiertos en los que sea posible observar claramente documentos oficiales firmados, publicados y legibles por aparatos electrónicos y con posibilidad de reutilización en formatos como PDF, Excel y Word.

Se caracterizan por ser municipios que emplean efectivamente los documentos para que alimenten la Plataforma Nacional de Transparencia, y no solo como una plataforma para publicar directamente la información fiscal y financiera. Hasta el momento de la publicación de este artículo, los ayuntamientos más transparentes en información fiscal son Puebla, Veracruz, Guadalajara, Corregidora y Querétaro. En la Tabla 1 es posible visualizar su posición y los puntos alcanzados.

En el caso de Puebla, el índice indica que el Ayuntamiento de Puebla conserva el primer lugar después de nueve años, lo cual es consecuencia de contar con información organizada, priorizar los datos abiertos y con oportunidad de consulta de información histórica, ya que existe disponibilidad de informes financieros desde 2008. En su portal, se mantienen archivos de al menos dos administraciones anteriores, como son los informes de gobierno anuales.

Igualmente, destaca que existe un esfuerzo por mejorar y proponer a la transparencia proactiva; es decir, permiten que la ciudadanía conozca cuáles son los medios y navegadores más convenientes para la consulta de información.

Otro punto que es fundamental en la transparencia fiscal es la presentación de los salarios en los cabildos. En este sentido, la información responde al nivel de disponibilidad que señala la Ley General de Transparencia en la revisión de los montos bruto y neto, y para la calidad el indicador verifica la presentación de las compensaciones, como los montos adicionales al salario base, entre los que se encuentran los estímulos, compensaciones especiales, bonos, prima vacacional y aguinaldo.

Importancia de la transparencia fiscal

Desfrancois (2023) en su artículo “Determinantes de la fiscal en América Latina” indica que a mayor transparencia fiscal se mejora el funcionamiento del sector público y, por tanto, se fomenta una mayor rendición de cuentas y combate a la corrupción. De ahí que la divulgación del desarrollo y creación del presupuesto sea uno de los factores que determinan el entendimiento entre ciudadanía, estabilidad y gobierno. Y es que, como requisito para luchar contra la corrupción, resulta indispensable la existencia de información objetiva y confiable sobre el estado de formación y uso de los fondos presupuestarios de tipo local y estatal, además de la transparencia de las decisiones de las autoridades.

De hecho, el Fondo Monetario Internacional establece que una mayor transparencia reduce la corrupción al brindar una mejor gestión y contexto para el crecimiento económico, eficiencia y desarrollo. Por esta razón, el organismo indica que las finanzas públicas y la rendición de cuentas constituyen los requisitos más esenciales para una estabilidad macroeconómica y fiscal, mejores acreditaciones crediticias y mayor disciplina fiscal; es decir, una reducción en la deuda pública y déficits. Con esto se configuran los factores para generar tasas más altas de crecimiento económico.

La consecuencia de una falta de transparencia fiscal reside en los desequilibrios fiscales, así como opacidad en el manejo de los recursos públicos y carencia en la confianza en las políticas económicas, aspectos que pueden impactar negativamente la estabilidad macroeconómica. En este sentido, los países con mayor transparencia poseen mejores calificaciones crediticias, mejor disciplina fiscal y menor corrupción. En la región de Latinoamérica existe una correlación entre la reducción del endeudamiento y la transparencia. Y es que la transparencia fiscal crea confianza y credibilidad en los mercados financieros, inversionistas y ciudadanos. Esto permite mayor supervisión del gasto público, situación que facilita la disciplina fiscal; evita

desequilibrios financieros y mayor eficiencia en el empleo de los recursos. De hecho, cuando la transparencia es alta, se minimizan los costos de transacción y se promueve una competencia justa, lo cual atrae más inversión y estimula el crecimiento económico.

Fortalecer la confianza por parte de los ciudadanos es el reto que hoy enfrentan todos los gobernantes, a la vez de cubrir las expectativas en un marco de legalidad y transparencia.

La responsabilidad de iniciar una nueva administración conlleva estas grandes preguntas: ¿Cuál es el primer paso para lograrlo? ¿Se cuenta con la infraestructura adecuada? ¿Se identifican las obligaciones a cumplir? ¿Cómo proyecto de forma positiva lo que un gobierno busca alcanzar?

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