Por: Germán Reyna y Herrero.
Seis de cada 10 municipios de México se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera, aspecto que genera un riesgo para brindar servicios de calidad para la población.
Según el reporte de Vulnerabilidad Financiera de los Municipios de México, los más vulnerables son Tepic, Cajeme, Oaxaca, Cuernavaca, Naucalpan, Tijuana, Toluca, San Luis Potosí, Veracruz y Tampico. Esto tras haber obtenido una calificación menor a 60 puntos en una escala de cero a 100.
Esta vulnerabilidad surge por debilidades en las capacidades institucionales para recaudar impuestos conforme al potencial de la región, la falta de autonomía financiera en los gobiernos locales, carencia de calidad y eficiencia en el gasto que no generan resultados e impactos en los gobiernos locales, empleo de la deuda pública en lugar de poseer una postura fiscal positiva y escaso cuidado y optimización del patrimonio público como elementos de apoyo al trabajo sustantivo de los gobiernos locales.
Actualmente, los principales riesgos que enfrentan los municipios están reflejados en la falta de capacidad para recaudar sus ingresos propios y gestionar la deuda pública, así como la necesidad de mitigar las debilidades identificadas en sus estructuras internas y amenazas externas. En este sentido, es posible observar que los municipios en México presentan en promedio una alta dependencia hacia las transferencias fiscales sin aumentar sus niveles de inversión. Sin embargo, existe una ambivalencia entre los municipios, ya que mientras unos se niegan a fortalecer sus fuentes de ingresos, otros mejoran su capacidad para incrementar los impuestos y han desarrollado mecanismos para responder a las demandas ciudadanas (Unda,2019).
En datos es posible observar que el ingreso municipal en un 71 % es procedente de las transferencias federales y estatales, en tanto un 22 % de los egresos corresponde al gasto orientado a la obra pública. Esto sucede porque las transferencias fiscales han incrementado, lo que ha originado un incremento en el gasto municipal sin la necesidad de considerar medidas para elevar la recaudación.
El trabajo denominado Finanzas municipales en México: Por qué unos municipios recaudan más y gastan mejor a cargo de Mónica Unda (2019) plantea como hipótesis que los indicadores socioeconómicos, la capacidad institucional municipal, la competencia electoral y el desempeño gubernamental contribuyen a explicar el nivel de ingresos propios de los municipios.
En su propuesta establece que la composición del gasto está definida por la competencia electoral y la participación política de la sociedad organizada.
Históricamente, los municipios han recibido transferencias de la federación desde la primera convención fiscal realizada en 1925. No obstante, fue en el año 1980 cuando estas transferencias se pagaron en su totalidad a partir de la recaudación de impuestos federales, además de establecerse la Ley de Coordinación Fiscal que permitió definir los criterios para la distribución de fondos de las transferencias. Estos criterios de distribución y transparencia han estado en función de la disponibilidad de recursos federales y del poder de negociación de la oposición (Unda, 2019).
Otros tipos de transferencias son las correspondientes al Ramo 33 y 26 que comenzaron a operar en el año 1998. Estas transferencias se aplican de manera obligatoria a financiar rubros determinados de gasto, específicamente educación, salud, asistencia social y seguridad pública. Esto con el objetivo de nivelar el desequilibrio que pueda existir entre las distintas regiones del país.
De esta forma, en 2013 se registró que el gasto público nacional fue realizado en un 53.3 % por el gobierno federal, 39.4 % por los gobiernos estatales y 7.3 % por los municipales, situación que representa una descentralización mayor por parte del gasto público, aunque no del ingreso, según refiere la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE).
Los principales rubros de gasto son: el gasto corriente, el gasto en inversión, el gasto en deuda y otros egresos.
En el caso del gasto corriente existe la tendencia a gastar por encima de un nivel óptimo, lo que tiene como consecuencia que los municipios posean menores niveles de inversión al que está planteado por el presupuesto, y, por tanto, un menor nivel de respuesta ante las demandas ciudadanas. Las causas que provoca un alto nivel de gasto son los sueldos y salarios de los empleados, los costos políticos y monetarios de los despidos, las dinámicas sindicales, y la competencia electoral.
Si bien es importante considerar que el gasto corriente es fundamental para brindar servicios y bienes públicos, como la recolección de basura, seguridad pública, mantenimiento de calles, parques y jardines, en sí no existe una regla o criterio que establezca en qué medida se debe gastar.
Por esta razón, es importante considerar que un municipio que incrementa su inversión prevé un mejor desempeño del gobierno, aunque es necesario establecer que no todos los municipios requieren el mismo grado de inversión, la inversión con ingresos propios será menor a la que se realice a nivel estatal o federal, y finalmente existe la posibilidad de que el estado o la federación inviertan en un municipio por las condiciones que ofrece.
