Por: José Luis Arenas López
El subempleo o empleo informal se refiere al conjunto de trabajadores que operan fuera de la legalidad, es decir, son evasores del 31 C., la informalidad es considerada como un síntoma claro del subdesarrollo y de la incapacidad del Estado para proteger, apoyar y propiciar el desarrollo de la empresa privada y claro está, la poca visión de desarrollo de empresas públicas dedicadas a la transformación.
De acuerdo al reporte que emitiera el INEGI en el segundo trimestre de 2022, la población subocupada fue de 5.1 millones de personas; esta información se obtiene a través de dos indicadores; por encuestas voluntarias o mediante auditorías fiscales, mismas que revelan el traslado de contribuciones fiscales (ISR) y no fiscales (IMSS). Esta actividad representa el 30 % del PIB total y la fuerza de trabajo informal representa el 50 % de la fuerza productiva total.
Según el Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del Distrito Federal, en su artículo 2, menciona “trabajador no asalariado es la persona física que presta a otra física o moral, un servicio personal en forma accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la Ley Federal del Trabajo” y por persona física reconocemos a la persona jurídica que se encuentra registrada en el padrón del SAT; curiosamente el artículo 3 del mismo reglamento, no menciona al comerciante ambulante como trabajador no asalariado, es el art. 4to que en su párrafo cuarto menciona que el “trabajador ambulante” puede prestar su servicio en cualquier parte del “Distrito Federal”, sin embargo, existe una gran diferencia entre trabajador ambulante y comerciante ambulante.
Hoy en día podemos decir que la informalidad, específicamente, el comercio ambulante, es un lastre a la sociedad y a las economías de cualquier país, por un lado, se apoderan de la vía pública y este espacio tomado, lo consideran propiedad privada y que en esta podrán ejercer el comercio por el solo hecho de pagar “una cuota no fiscal” a la alcaldía o al municipio, cuota que no es legal y además no ingresa a las arcas de los municipios, recursos que tienen dudosos destinos, por otra parte, comercian con productos de dudosa procedencia, mismos que carecen de una factura que demuestre su legal adquisición; los comerciantes no pagan impuestos por lo que se les considera evasores, algunos productos son consecuencia de la comisión de un delito como el robo y otras circunstancias hasta de homicidio, principalmente el comercio de teléfonos celulares, mismos que ya han sido prohibida su venta en mercados sobre ruedas o tianguis y que a la fecha no se ha erradicado su comercio; la piratería es otra actividad que sostiene al comercio ambulante, misma que se encuentra regulada en los Arts. 427 del CP y el 424 bis del CPF, este último en todas las actividades que conlleva como venta, almacenamiento, distribución, reproducción, etc.; por otra parte, en esta actividad se violentan los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial, este es el motivo por el que México ocupa el lugar 10 a nivel mundial en comercio y consumo de piratería; el robo de luz, es otro delito asociado al comercio ambulante, el fraude, el robo e incluso el comercio de productos como cosméticos, medicamentos, micheladas, energizantes, hasta enervantes, todos prohibidos por diferentes instrumentos judiciales y a la vista de autoridades quienes no hacen el intento de controlar y poner a disposición del MP a quienes quebrantan la ley; en consecuencia a lo anterior, el Observatorio Laboral reportó que un comerciante ambulante puede tener un ingreso mensual, superior a los 15,000 pesos, mientras que hay profesionistas que difícilmente cobran 10,000 pesos; otro rubro identificado en el ambulantaje, son los denominados franeleros, mafia que se ha apoderado de calles y colonias completas en la CDMX, por ejemplo, en la calle de Justo Sierra en el centro de la ciudad y calles aledañas, no cuentan con parquímetros, situación que aprovechan los franeleros quienes cobran entre 60 a 100 pesos por auto y en caso de no acceder al pago, éstos se tornan violentos agrediendo a los propietarios y causando daños a los vehículos sin tener el apoyo de autoridades; es claro que del dinero cobrado, deben repartir las ganancias con los representantes de la ley “para que les dejen trabajar”.
Las quejas de vecinos son notorias y constantes y las autoridades se hacen de la vista gorda, ya que al parecer existe un vínculo de cooperación, curiosamente, los comerciantes ambulantes en su mayoría no son vecinos de la CDMX, estos viven en el Estado de México y cuentan una credencial del INE con registro de vivienda en la Ciudad, donde más de 15 personas comparten un departamento de 40 metros cuadrados, situación por demás falsa, sin embargo, en tiempos de elección los votos cuentan y hacen ganar posiciones, esto dicho por Dolores Padierna en 2021 a través de su Twitter quien denunció: “En la Alcaldía Cuauhtémoc el 60 % de los ambulantes provienen del estado de México y votan en esta demarcación con credenciales de INE que obtuvieron con documentos falsos. Esto es algo que he dicho miles de veces sin que las autoridades electorales investiguen”, situación que además concluyó en una queja ante el Tribunal Electoral, con los EXPEDIENTES: SUP-REC-72/2022 y SUP-REC-69/2022, ACUMULADOS, con fecha 30 de marzo de 2022.
Adicional a lo anterior, el comercio ambulante trae consigo otros problemas observables a simple vista en todos los tipos de espacios públicos, por ejemplo: contar con instalaciones clandestinas y precarias, donde los comerciantes expenden sus productos, que son vulnerables a incidentes, problemas y daños con la planificación urbana, peligros de salubridad por la venta de productos alimenticios sin control de higiene y que a veces se encuentran expuestos al sol, al polvo, smog, etc., provocan entorpecimiento y poca fluidez en el tránsito peatonal y vial, afectación y deterioros en la infraestructura urbana y mobiliario urbano, generan competencia desleal con los establecimientos mercantiles debidamente instalados, generan grandes ingresos, mismos que carecen de la fiscalización adecuada, que según el 31 C. contribuye al gasto público para la generación de servicios, obra pública, entre otros; servicios de los que los ambulantes disfrutan y no aportan pago alguno siendo una carga para el resto de la población.
Lo cierto es, que los comerciantes ambulantes se vuelven importantes en periodo de campañas, ya que su voto es decisorio, los candidatos se comprometen a brindar beneficios y espacios en caso de ganar la elección, mismos que en realidad no pueden cumplir y con ello generan conflictos que se llegan a salir de control, ya que los afectados principalmente son los vecinos directos y habitantes de la ciudad.
Finalmente, el comercio ambulante se ha convertido en una fuente de ingreso y el trabajo es digno de respeto, sin embargo, es claro que es un sector con poca disposición de colaborar para una regulación real de la actividad y, por otra parte, el Estado no ha mostrado una voluntad real para controlar esta actividad y contener el crecimiento desmedido del ambulantaje, por otra parte, las autoridades policiacas y ministeriales, prefieren hacer caso omiso ante actos delictivos, permitiendo con esto, un crecimiento en delitos como: extorsión, robo y fraude; esta omisión, por supuesto amerita la entrega de dádivas a quien guarda silencio.
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