Por: Leticia Monserrat Oliva Valdez
“Las naciones no se diferencian tanto por su actitud frente a la corrupción, sino, más
bien, por la medida en que los servidores públicos ejercen su función”.
Organization of American States.
En el marco de la Cumbre Nacional de Combate a la Corrupción celebrado los pasados uno y dos de febrero, así como derivado de la publicación presentada por transparencia Internacional el treinta de enero de este año, en la que se expone el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 y en el que lastimosamente, México obtuvo una calificación de 31 puntos sobre 100, colocándose en el ranking 126 de 180 países evaluados, acorde al principal indicador mundial de corrupción en el sector público, podemos analizar con mayor profundidad la cruda realidad que enfrenta nuestro país en la materia.
Al respecto, resulta importante destacar cuáles han sido hasta ahora las estrategias para prevenir, detectar y sancionar este flagelo que afecta a todos los sectores de la sociedad, y quiénes son los sujetos obligados a intervenir en dicha erradicación, como es el caso obvio de los servidores públicos, pero no por ello demeritando la influencia de la sociedad civil. Desde luego, identificando cuáles son los aliados legales, institucionales y privados que pueden ayudar a consolidar la proeza del combate a la corrupción en México.
Un primer plano resulta de conocer y reconocer los instrumentos y acciones que a lo largo de los años han depositado técnicas y esfuerzos en generar una mejora. Un ejemplo es la reforma constitucional más importante en la materia que data del 2015, y a su vez, crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que desde su materialización se ha conformado de distintas instituciones y mecanismos diseñados para prevenir, detectar y sancionar la corrupción.
Lo anterior, de la mano con la Política Nacional Anticorrupción en la que se establecen los objetivos, estrategias y acciones para combatir la corrupción en el país. Así como la aprobación de diversas leyes anticorrupción, como son: la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Extinción de Dominio.
Por otra parte, se cuenta con la creación de instituciones anticorrupción, entre las que destacan: la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Una vez descritas nuestras herramientas y a propósito de la referida Cumbre Nacional de Combate a la Corrupción, es puntual señalar que de entre la gran cantidad de información plausible, se mencionó que, en la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, el SNA resultó con alta aprobación por parte de diversos países, considerado como un modelo exitoso, de posible réplica en diversas naciones, esto debido a que se encuentra embestido de trabajo especializado, innovador y ante todo, al amalgamar distintas áreas de la sociedad, para alcanzar en mayor medida su propósito.
Concluyendo así con varias de las participaciones de los ponentes y panelistas que lo que se requiere para un adecuado combate a la corrupción son tres los elementos inherentes:
- Control Interno, refiriéndose al trabajo de las contralorías.
- Trabajo de las auditorías, robusteciendo la importancia de un ojo externo, que a través de su independencia otorgue objetividad.
- Fiscalías especializadas para llevar a cabo las denuncias y por supuesto, tribunales con un alto enfoque de profesionalización.
Ahora bien, debemos reconocer que estos elementos se encuentran actualmente inmersos en el papel y medianamente desarrollados en las estructuras que se tiene por finalidad alcanzar. Entonces, uno de los mayores quehaceres podría corresponder probablemente a las fiscalías, quienes deben asegurar la aplicación de los diseños ya propuestos, pero también el seguimiento de políticas públicas dentro y fuera de los gobiernos. Para conseguirlo, el único camino firme es el de la coordinación de buenas prácticas entre gobierno y sociedad civil. Ya que, siendo objetivos, al no lograr esta sinergia, como se expuso en la multicitada cumbre: “en los próximos cincuenta años estaremos hablando de exactamente, los mismos problemas”.
Desafíos:
- Falta de resultados tangibles: A pesar de los avances mencionados, aún no se han visto resultados tangibles en la reducción de la corrupción en el país, así como en la apreciación de los ciudadanos.
- Impunidad: La impunidad sigue siendo un problema grave en México. Muchos casos de corrupción no se investigan ni se sancionan, y
- Falta de confianza en las instituciones: Como se ha evidenciado en el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado recientemente, la población mexicana tiene poca confianza en las Instituciones gubernamentales, y ha resultado, a pesar de los esfuerzos una métrica difícil de reformular.
Propuestas:
- Fortalecer el SNA: Es necesario fortalecer el SNA para que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción, vinculando sus directrices normativas con la práctica y capacitando a las personas servidoras públicas con mayor profundidad en sus responsabilidades.
- Combatir la impunidad: Es necesario combatir la impunidad para que los casos de corrupción sean investigados y sancionados, y
- Recuperar la confianza en las instituciones: Es necesario recuperar la confianza de la población en las instituciones, y hacerlo también involucra partir del sujeto activo, es decir, de los funcionarios públicos y el correcto desarrollo de sus áreas de acción, solucionando a partir de estrategias diseñadas de la mano de especialistas externos que encaminen al servidor público a un quehacer ordenado, alineado a la normatividad en su campo y a una correcta rendición de cuentas, con mecanismos de control externos que auguren una instrumentación exitosa de la responsabilidad política y legal, acción que requiere del apoyo y el control de sujetos ajenos al aparato gubernativo.
En ese contexto, es también Transparencia Internacional quien exhorta a los gobiernos para que otorguen independencia, recursos y transparencia a sus sistemas de justicia, generando con ello mayores y mejores contrapesos al poder, acciones que, por otra parte, debe estar cabalmente reguladas por las estructuras gubernamentales, quienes desde dentro, en alianza con las áreas de expertise y la sociedad civil, pueden sentar las bases de mejora que, en un mediano plazo, nos permitan vislumbrar los cambios brindados por el Sistema Nacional Anticorrupción.
“LA CORRUPCIÓN ES UN PROBLEMA MUNDIAL QUE NO PUEDE SER ABORDADO POR UN SOLO PAÍS O UN SOLO ACTOR. Requiere una respuesta multilateral que adopte la forma de un enfoque en toda la sociedad. Todos los grupos de interés deben actuar colectivamente para hacer frente a la corrupción de manera eficaz”.
EXCMO. SR. VOLKAN BOZKIR Presidente del 75.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
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