Por: Ángela Colmenares
Cada país que existe en el mundo tiene ciertas necesidades o demandas que busca constantemente satisfacer, algunas son ordinarias y otras de carácter extraordinario, pero para lograrlas debe de administrar sus áreas para que estas brinden las respuestas adecuadas y satisfactorias. Las áreas en las que cada país, estado, municipio o su equiparable decidan establecer para cumplir sus funciones estarán a cargo de servidores públicos.
En México se define al servidor público como aquella “persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera de sus tres Poderes, independientemente de la naturaleza de la reacción laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus servicios, obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108 también nos brinda un concepto de lo que es un servidor público, señalando que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Ahora bien, esto nos aclara que toda persona física que ingrese al empleo público se convierte en un servidor público; y entonces, ¿cuál es la función de estos? Como los conceptos antes citados nos brindan claridad, los servidores públicos tienen la misión, como su nombre lo dice, de “servir” desarrollando tareas para el Estado en beneficio de la sociedad.
Hay muchos servidores públicos distribuidos en todo el país en distintos ramos, es decir, dedicados a diversas cuestiones, pero lo que tienen en común es que todos ellos, sin importar su función, es que deben desempeñarse en todo momento bajo ciertos principios, que son:
- Legalidad: Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren, y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
- Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.
- Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
- Imparcialidad: Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.
- Eficiencia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
Estos principios son fundamentales, sin embargo, cada Estado y municipio podrá agregar más, manejándolos como principios o valores, para asegurar el óptimo desempeño de sus funciones, como disciplina, objetividad, profesionalismo, liderazgo, integridad, eficacia, bien común, transparencia, rendición de cuentas, etc.
Es triste, pero también es una realidad que en el país muchos servidores públicos olvidan poner en práctica estos principios todos los días al desempeñar sus labores, pero al no observarlos, pueden ser sujetos de responsabilidad.
El incumplimiento de sus obligaciones puede traer como consecuencia sanciones: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del puesto; sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, tema que en otro momento platicaremos.
La importancia de que México cuente con servidores públicos de esta calidad en sus tres órdenes de gobierno (federal, local y municipal) a la larga garantiza convertirlo en un país a la vanguardia, que con el tiempo podrá combatir y minimizar las áreas de corrupción que existen en el país, trayendo consigo un beneficio en el servicio público para todos los habitantes de la República.
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