La diversidad sobre la planificación del desarrollo de los municipios en México es contundente, ya que algunos municipios integran una filosofía de carácter organizacional, además de objetivos y metas definidas; no obstante, también existen aquellos en los que no existen planes municipales de desarrollo (Gómez, 2017). En el caso de la participación social y la consulta ciudadana existe una disparidad de mecanismos para promoverlas, puesto que algunos cuentan con consejos o institutos municipales de planeación.
En este sentido es importante considerar a la planeación para conducir las actuaciones de los gobiernos y promover el desarrollo comunitario en ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos. Aunque esta situación es determinante, 40 por ciento de las comisiones de los ayuntamientos en México no cuenta con un programa de trabajo, sobre todo en temas referentes a Servicios Públicos, Educación y Desarrollo Económico, dejando en últimos lugares al desarrollo social, seguridad pública, medio ambiente y ecología. Así mismo, 310 municipios no poseen un panel o mecanismo de control y seguimiento para el plan de desarrollo municipal (INEGI, 2020).
Lo anterior habla de la necesidad de generar un esfuerzo por generar una planeación en los municipios, ya que actualmente es necesario que se fortalezcan, no únicamente en los aspectos financieros y administrativos, sino también en el ejercicio de su libertad y autonomía para promover y generar el desarrollo, con el objetivo de responder a las necesidades y oportunidades de progreso de las comunidades y ciudadanos organizados (SAGARPA, 2004).
Sin embargo, al hablar de la ciudadanía todavía existe una escasa participación de ella en la planeación, en México de 145 mil 897 sesiones de cabildo que se llevaron a cabo en los municipios entre 2017 y 2018, solo se permitió la asistencia de los ciudadanos en un 38 por ciento de éstas (INEGI, 2020). Esta situación en parte se debe a que el proceso de planeación depende en muchas ocasiones del ciclo electoral, lo que determina que la participación ciudadana dependa de la voluntad política y la apertura de los gobernantes (Zapata-Cortés, 2020).
Por esta razón, es de suma importancia considerar esquemas de participación ciudadana para el desarrollo local. Sobre todo, porque la sociedad enfrenta problemas de inseguridad, narcotráfico, secuestro, pobreza, marginación y desempleo, por lo que es fundamental la existencia de una coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal para diseñar e implementar estrategias de participación ciudadana en los procesos de planeación, ejecución y seguimientos de programas (Terrones-Cordero, 2013).
De ahí que la planeación participativa es un síntoma para el desarrollo de gobiernos más democráticos, ya que considera las opiniones de los ciudadanos a través de talleres de trabajo participativo. Con esto es posible identificar prioridades comunitarias y diseñar las estrategias y acciones más adecuadas para impulsar el desarrollo integral, y así obtener resultados favorables. Por tanto, la planeación debe partir del contacto con la población (Forster y Osterhaus, 1995).
El motivo para considerar la participación de los ciudadanos en los procesos de planeación se convierte en fundamental ante la ineficacia y falta de representatividad del sistema de planeación tradicional, que es más centralista y jerárquico, con un modelo de planeación de arriba hacia abajo e institucionalizado (Terrones-Cordero, 2013; Zapata-Cortés, 2020).
Ante esto, la CEPAL (2022) establece que la participación ciudadana puede darse con distintos niveles de involucramiento de la ciudadanía y el grado de influencia que tienen las opiniones y propuestas ciudadanas en la toma de decisión de acuerdo al asunto público que se aborde. Los niveles son que esta organización propone son:
1. Nivel informativo: El nivel informativo consiste en la entrega de información a la ciudadanía sobre un asunto público. Un ejemplo de este nivel es una campaña de información sobre prevención de enfermedades. Se trata de un nivel unidireccional, donde la autoridad entrega información, pero no busca recibir aportes ciudadanos.
2. Nivel consultivo: Este nivel de participación representa el nivel básico de influencia que personas y grupos pueden tener al ser convocados a participar de un proceso de consulta. El objetivo del proceso de consulta es recoger opiniones, propuestas e intereses de las personas y grupos que participan. La consulta no es vinculante para la autoridad.
Sin embargo, a partir del análisis de la experiencia de consultas en diversos países de la región se han construido dos estándares interrelacionados y recomendables. El primero es que la autoridad debe comunicar su decisión final y fundamentar por qué incluyó algunas propuestas y otras no.
El segundo estándar es que la autoridad incluya solo propuestas que tengan viabilidad técnica, económica y política. Por lo mismo, se espera que las propuestas no incorporadas sean descartadas por motivos objetivos y no por razones de preferencia personal de la autoridad.
3. Nivel decisorio: En este nivel de participación las personas y grupos que participan tienen una influencia directa sobre la toma de decisión del asunto en cuestión. Se pueden distinguir dos modalidades del nivel decisorio.
El primero de ellos puede ser un proceso de consulta cuyo resultado es vinculante. Un ejemplo es un plebiscito o referéndum con carácter vinculante.
La segunda modalidad es cuando ciudadanos y autoridad pública conforman un grupo que tiene por objetivo debatir sobre un asunto público para en forma colectiva tomar una decisión al respecto. En este caso, la opinión de las personas, funcionarios y autoridades tienen el mismo peso, es decir todos participan con las mismas atribuciones. Se espera que este grupo tome decisiones por consenso. Si no es posible entonces se organiza una votación alrededor de las alternativas existentes
4. Nivel cogestión: Este nivel de cogestión se refiere a una gestión conjunta entre ciudadanos o representantes de ciudadanos. En este nivel de participación se busca que las personas y grupos que participaron de la toma de decisiones, se involucren en su implementación y seguimiento de forma de asegurar que se lleve a cabo en forma adecuada.
Por último, interesa destacar las condiciones mínimas para que una institución pública interesada en llevar adelante una estrategia de participación ciudadana esté en condiciones de realizarla, estas condiciones son:
- La institucionalización de procesos de participación ciudadana.
- La voluntad política de las autoridades responsables.
- La experiencia en la materia del equipo profesional que llevaría adelante el proceso.
- Recursos disponibles para la elaboración e implementación de la estrategia.
- Personas y grupos interesados en participar.
Ante este panorama, es preciso subrayar que el rol del Estado es promover la innovación y la creatividad entre los ámbitos que conforman a la empresa y a la sociedad civil. Es así, que la función de los ciudadanos es diversa, pues comprende desde el reconocimiento de los problemas, el intento para transformar y mejorar la vida de las personas, así como generar proyectos simbólicos que permitan la organización de comités y espacios para la deliberación ciudadana, hasta el involucramiento de tareas de gobierno. En sí el objetivo es buscar diferentes niveles de participación conforme a las oportunidades, condiciones y limitaciones de los marcos institucionales (Martínez-Flores et al., 2015).
En el caso de México, la participación ciudadana ha estado abierta a un nivel de consulta (Martínez-Flores et al., 2015) sobre todo en lo referente a la planeación del ordenamiento urbano, ecológico y territorial desde la década de 1980. Así mismo existen casos como el del gobierno municipal de Zinacantepec en el Estado de México, el cual en 2018 generó una consulta ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal para que los ciudadanos participaran en temáticas como el núcleo social y calidad de vida, estructura y ocupación, seguridad pública y procuración de justicia, estructura administrativa del gobierno municipal y autonomía financiera. El objetivo de convocar a la ciudadanía fue generar confianza en las autoridades a partir de brindar acceso a las decisiones de gobierno, así como la aplicación racional y transparente de los recursos.
En este sentido, en ARH Consultores estamos atentos a las necesidades que hoy día se deben cumplir para el desarrollo de los planes municipales. Con nuestro servicio de Blindaje Gubernamental integramos las últimas investigaciones y literatura existente para innovar e ir conforme a las tendencias que exige la sociedad democrática. Por esta razón, en nuestra concepción de desarrollo de planes municipales de desarrollo, integramos metodologías de participación ciudadana que van de acuerdo a los lineamientos de organismos internacionales.
