El valor público es un concepto desarrollado por Moore (1998), el cual propone que los recursos públicos deben ser utilizados para incrementar el valor, de la misma forma que se crea valor en el sector privado. La diferencia es que el valor público debe ir más allá de un impacto monetario y debe incluir beneficios sociales percibidos por los ciudadanos, por tanto, se considera como un enfoque integral que enfatiza que la gestión pública debe ir en función de la mejora de los servicios públicos.
Para García (2015) esta perspectiva tuvo como base una filosofía proactiva y una visión empresarial enfocada a la creación de valor, ya que para Moore (1998) las sociedades democráticas deben generar instituciones que promuevan condiciones para que los ciudadanos puedan organizarse y plantear sus necesidades de forma colectiva. Por esta razón, los directivos deben crear resultados positivos frente a las necesidades de la ciudadanía, además de obtener resultados rentables frente al costo de obtenerlos.
Posterior a la perspectiva de Moore (1998) las definiciones de valor público han sido retomadas por Blaug (2006), así como Kelly y Muers (2002), quienes han concluido que el valor público está constituido por las acciones y beneficios que el público valora. De esta forma, los servicios públicos deben ser brindados eficientemente y de manera confiable, porque deben responder a lo que el público necesita.
Y tal como en una empresa privada, para que el proveedor conozca qué es lo que el cliente requiere, este debe interactuar y comunicarse con él. De ahí que la relación entre los organismos gubernamentales y el público también debe ser promovido para formar las preferencias de los ciudadanos y aprender de sus opiniones, intereses, experiencia y conocimiento colectivo.
En este sentido, Moore (2005) estableció que el concepto de valor público es públicamente valorado cuando los individuos obtienen las condiciones públicas en las que les gustaría vivir y que es colectivamente acordado, además de un logro de manera colectiva a través del uso del poder del Estado.
Es posible desarrollar el valor público a través de tres vías: los servicios, el impacto, la confianza y la legitimidad.
En el caso de los servicios, los ciudadanos derivan beneficios del uso personal de servicios públicos de igual manera que los beneficios derivados del consumo de bienes privados, de esta forma, la satisfacción del usuario es crítica para el valor público, y se evidencia que la satisfacción es mayor en servicios considerados como importantes por los usuarios. De manera implícita o explícita, y aún cuando otros factores sean importantes, el ciudadano hace una comparación entre el costo del servicio y el nivel de servicio recibido. Así, la satisfacción del usuario es crítica para el valor público, para lo cual se requiere de ciudadanos empoderados e informados, influenciados de alguna manera por su experiencia con el sector privado.
En el caso del impacto puede convertirse en el valor más solicitado por la sociedad con relación a su gobierno a través de la resolución de problemas, tales como el empleo, de esta forma, las decisiones que realice el gobierno y los efectos de éstas determinan la creación de valor, sin embargo, la principal cuestión a tomar en cuenta está en no distorsionar o manipular los resultados, por lo que determinar el valor con base al impacto de valoraciones objetivas de los resultados no es una cuestión sencilla de resolver.
En el caso de la generación de valor público a través de la confianza y la legitimidad, estas son la esencia de la vinculación entre los ciudadanos y el gobierno, y están establecidas a través de la confianza social y la propensión a confiar en las instituciones en general, por la efectividad con la que se maneja la economía y se generan los servicios, así como por la manera en que se conducen los políticos e instituciones políticas.
En este último punto es importante resaltar que en épocas recientes se ha generado una severa desconfianza en las instituciones públicas, el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, lo cual genera que la confianza y su legitimidad no se puedan dar por sentadas. Así, la falla en la confianza en los servicios y resultados puede afectar el valor público. Por esta razón, es necesario conjuntar un Estado organizado, democrático y justo, en el que las autoridades deben cumplir sus promesas y obligaciones, además de ofrecer beneficios adicionales a las mejoras que se produzcan en la calidad de las políticas. Todo esto permite alentar un sentimiento de pertenencia y reducir el resentimiento hacia las acciones del Gobierno y aumentar la confianza en que el Estado tomará mejores decisiones.
En este punto es necesario indicar que para lograr valor público es necesario contar con los siguientes puntos:
Contar con apoyo en términos políticos, para obtener autoridad y recursos financieros que permitan lograr que la institución pueda funcionar adecuadamente.
Medir los costos del funcionamiento de las políticas públicas.
Definir claramente los procesos internos para cumplir con su mandato e identificar los factores que permitan alcanzar resultados de excelencia.
Generar el máximo valor posible para la población a través de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos.
Ante este reto las principales preguntas a realizarse por parte de los gestores gubernamentales son: ¿Para qué sirve el servicio público? ¿A quién se rinden cuentas? ¿Cómo se determina el éxito?
De esta manera, el valor público se genera en el momento que el Gobierno conoce las aspiraciones de los ciudadanos y define los beneficios que deberán brindarse a la sociedad, a partir de los recursos y poderes que la misma sociedad le ha otorgado para realizarlos. La legitimidad del Gobierno depende entonces de lo “bien” que se crea el valor o el bien público y de los esquemas de rendición de cuentas.
Así, para operacionalizar el valor público la propuesta de Coats y Passmone (2008) indica que es necesario realizarlo a través de tres procesos:
Autorización: proceso mediante el cual el valor público es legitimado.
Creación: proceso en el que se alcanza un tipo de prestación de servicios que satisface las expectativas del público y permite la mejora continua.
Medición: proceso para valorar si se han cumplido las metas y objetivos propuestos. Este último proceso es de vital importancia, pues midiendo el cumplimiento de metas, se permitirá realizar los ajustes necesarios, en el proceso anterior de mejora continua.
Así las instituciones públicas con los recursos financieros, humanos, tecnológicos, etcétera, ejecutan procesos que permiten generar bienes y servicios, convirtiéndose en el objetivo productivo de las instituciones públicas. En tanto, en el ámbito de la sociedad, las actividades producidas son recibidas por el conjunto de beneficiarios, generando un impacto sobre ellos, el cual se constituye como el objetivo social de toda la cadena de valor.
La cadena de valor a su vez tiene un periodo horizontal, que en el corto plazo está definida por la disponibilidad de insumos hasta la obtención del resultado. En el mediano plazo se ubican los resultados intermedios o los efectos que recaen sobre los usuarios. En este punto todo lo anterior se genera por parte de la organización, la gestión pública y los órganos de control. Finalmente, en el largo plazo se ubican los resultados finales de la cadena de valor y representan el impacto sobre el cambio originado sobre la calidad de vida, aceptación y percepción de los ciudadanos.
Así el valor público como concepto refiere que el gobernante es responsable de estimular y conducir el diálogo para la definición y evaluación de la gestión pública, para lo cual se hace uso del término gestión política, el cual hace referencia a que el gobernante se encargue de obtener una misión o mandato explícito para su programa.
Moore (2008) indica que existen seis axiomas básicos a cumplir:
El valor se encuentra en los deseos y las percepciones de los individuos, no necesariamente en las transformaciones físicas, ni en la sociedad como una abstracción.
Existen diferentes tipos de deseos a satisfacer, unos son los bienes o servicios que pueden producir y destruir el mercado y otros que producen las organizaciones públicas, las cuales constituyen el reflejo de los deseos que los ciudadanos expresan a través de las instituciones del gobierno.
Los gobernantes pueden crear valor a través de la utilización de los recursos monetarios y su autoridad para producir cosas de valor para determinados clientes y beneficiarios.
El hecho de que los gobernantes tienen que asegurar a los propietarios que sus recursos se utilizan de forma correcta, permite que estos cobren mayor importancia al obtener la satisfacción de los clientes o beneficiarios de los programas.
Lo que los ciudadanos y sus representantes compran a los gobernantes, es una descripción de la actividad pública, una justificación que está contenida en una política.
El mundo en el cual opera el gobernante cambia constantemente. Las aspiraciones de los ciudadanos cambian, así como los métodos para realizar las tareas históricas. Pueden surgir nuevos problemas que las instituciones deben resolver de manera adecuada y diferente a tiempos anteriores.
De esta forma, es importante considerar el concepto de Valor Público para la gestión de los gobiernos municipales, sobre todo por las diferentes condiciones y situaciones políticas y económicas que se han generado durante la historia de nuestro país. Actualmente, existe una demanda social que requiere de innovaciones en los métodos para solucionar problemas sociales como la falta de empleo, la pobreza o la violencia.
Para lograr lo anterior ARH Consultores ha desarrollado una serie de programas como El ABC de Gobiernos de Alto desempeño y el Blindaje Gubernamental, los cuales permiten a los gobernantes planear y desarrollar sus administraciones de forma que impacten positivamente en los ciudadanos y obtengan el valor público que les permita consolidarse y cubrir las expectativas que demandan los ciudadanos.
German Reyna Y Herrero
