Lizbeth García Pedraza

 Eusebio Arnulfo Cordero Méndez

 La problemática de la planeación del desarrollo municipal puede concebirse como un proceso colectivo de comunicación directa entre vecinos y comunidades locales, quienes analizan sus problemas con los servicios públicos y el desarrollo local.  Vecinos y comunidades se apoyan en sus propias fuerzas para resolver los inconvenientes que los afectan, estudian juntos su realidad, e inventan formas de cooperación, de ayuda mutua y de protección local. 

Esta visión de la participación social -y de la ampliación de la democracia municipal- le da sentido a la integración de la población en función de sus problemas y de la manera de resolverlos conjuntamente con las autoridades municipales, al mismo tiempo que señala un camino para el cambio cualitativo de las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno municipal, abriendo una posibilidad para la concertación y el acuerdo político. 

Esto último es un elemento clave para avanzar hacia una articulación efectiva entre la democracia política —en las condiciones sociales de las comunidades— y la participación de la población, lo que hace visible un orden democrático municipal con estabilidad.  La búsqueda de ese orden democrático local —con estabilidad— es una condición primordial para promover el desarrollo municipal e incentivar una efectiva planeación estatal, que tome en cuenta las necesidades y problemas de los Municipios.

Estos planteamientos profundizan en los modernos enfoques del desarrollo local, que consideran los principios de igualdad, libertad y democracia como valores significativos del concepto de autonomía local, así como las ideas de autosuficiencia; del concepto de control social; de las necesidades básicas, de la coparticipación y autogestión en las empresas; y del ecodesarrollo —o desarrollo sin destrucción del medio ambiente— entendido este último como un crecimiento en armonía con los ecosistemas, lo que nos ayudaría a buscar tecnologías apropiadas a la realidad geográfica local, ajustándose a los valores culturales de cada Municipio; todo esto creará las condiciones para encauzar en una racionalidad al gobierno y a la administración municipal.

El Desarrollo Municipal se debe bosquejar en un contexto donde los elementos sociales juegan un papel relevante en los procesos de cambio socioeconómico, insertos en los objetivos y estrategia del plan estatal.  Eso debe hacerse conservando un amplio grado de autonomía, pero sin caer en planteamientos tan amplios como “el cumplimiento de los propósitos nacionales de modernización y plena democratización de la sociedad” (Salazar Medina, 1990: 125).

 Esta visión teórica permite la evaluación de nuevas alternativas para el desarrollo municipal y facilita el análisis —bajo una novedosa perspectiva— de las experiencias pasadas y de los problemas en que se encuentra la coyuntura actual.  Se puede decir que ello corresponde a fases históricas, de una amplia experimentación en técnicas de planeación para provocar el cambio y desarrollo locales, así como de nuevos modos de articulación entre el poder central y el poder municipal, para darle solvencia al juego institucional que ocurre en el ámbito local.

En la realidad estatal se aceptan estas visiones amplias, cuando se considera que una planeación desde arriba —sobre bases orientadoras en donde se fijan metas aceptables mediante el diálogo y la consulta popular— es de importancia estratégica para el desarrollo municipal.  Se puede decir que la planeación del desarrollo municipal tiene sus propias connotaciones, las que se diferencian tanto de la planeación global o nacional, como de la sectorial y de la regional.

La distinción anterior se apoya en las características generales que posee una política planificada de desarrollo general, un proceso complejo de cambio que supone transformaciones en la sociedad; en el comportamiento institucional; en la forma de fijar criterios para asignar recursos; en la toma de decisiones; y en la forma de aumentar las inversiones, acciones y obras, cuyos resultados se trata de materializar en periodos cortos —de tres años— y no en lapsos prolongados.

Estas connotaciones —propias de la planeación del desarrollo municipal— son valiosas para la especificidad del desarrollo local, para asegurar la debida vinculación entre los objetivos, las estrategias e instrumentos.  Esto facilita la tarea de definir supuestos teóricos —metodológicos y organizacionales— a partir de considerar al Municipio como una instancia autónoma, capaz de tutelar programas de servicios públicos, programas sectoriales y proyectos por localidades.

Otra correlación —en el método para formular el plan de desarrollo municipal— surge porque estos son trienales, y con ellos cada presidente municipal trata de imponer estrategias que —la mayoría de las veces— no son la opción más viable.  El inconveniente consiste en que los gobiernos locales han tratado de solucionar los problemas más urgentes, abandonando los lineamientos programáticos que se hicieron al comienzo de la gestión municipal.  Todo esto ha complicado la relación entre el gobierno estatal y el municipal; más aún, la relación entre gobernantes y gobernados.

Finalmente, se puede hablar de otra connotación —la que distingue a la planeación del desarrollo municipal como un subsistema de la planeación estatal— que considera al plan de desarrollo municipal como parte integrante del plan de desarrollo estatal, el cual toma sus orientaciones generales para ajustar los objetivos, estrategias, prioridades y metas del plan municipal.  Esto le daría sentido a un sistema de planeación que es congruente con la división política y administrativa del Estado —y con la regionalización establecida— reconociendo las competencias, atribuciones y jerarquías del Ayuntamiento, en función de la normatividad vigente y del espíritu de garantizar las autonomías respectivas de las tres instancias de gobierno, respaldadas por el Pacto Federal y la relación Federación-Estado-Municipio.

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que la planeación municipal se enlaza con el sistema nacional y estatal de planeación, al tomar en cuenta las directrices globales y estatales, para la formulación de los planes municipales.  Por otra parte, se relaciona a la actividad municipal con la planeación sectorial y regional, particularmente en lo espacial.  Se obtendrá así una vinculación directa con la planeación micro regional, realizada por las Secretarías que operan según una directa vinculación con los gobiernos estatales.

 Planeación Urbana Municipal

La Planeación Urbana Municipal es una etapa de la gestión gubernamental en la que se elabora conceptualmente un modelo de ciudad, se define los principales objetivos de la acción pública, y se formula una estrategia para alcanzarlos en términos de acciones, inversión, corresponsabilidad institucional y social y demás instrumentos.  Pero en este trabajo interesa abordar particularmente la cuestión de la planeación urbana, cuya importancia en el ejercicio del gobierno municipal es múltiple.  La planeación urbana —en México— es una competencia exclusivamente municipal, instituida en el artículo 115 constitucional.

Para estudiar cuál es el papel del gobierno local en los procesos de planeación urbana, es importante recordar que esta práctica se institucionalizó federalmente en el año 1976 con la Ley General de Asentamientos Humanos —y con la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas— siendo una de sus principales funciones elaborar el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. 

Pero los sismos del año 1985 transformaron radicalmente la proyección gubernamental federal, porque se tuvo que asumir el proceso de construcción de nuevas viviendas para el movimiento de damnificados, en medio de un contexto de intenso conflicto social.  Otro dato que para los objetivos de este trabajo es de gran importancia es que en los veinte municipios más poblados del país,  vive poco menos de una quinta parte de la población, todos ellos son municipios urbanos y/o metropolitanos, y diez son ciudades capitales de los Estados.

Cuadro 1. Los Veinte Municipios más poblados de México. Año 2000

Las autoridades municipales son responsables de la gestión del territorio, en lo relacionado con la zonificación y planeación urbana, la creación y la administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra, el otorgamiento de licencias de construcción y el suministro de servicios públicos básicos —agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad y tránsito—.  Para el cumplimiento “de estas funciones —relacionadas con la provisión de los servicios públicos— el mismo artículo 115 constitucional prevé que los municipios de un mismo Estado podrán coordinarse o asociarse para compartir el suministro y hacerlo con eficacia” (Cabrero Mendoza, 2003: 132).

Fuentes de Información:

Cabrero Mendoza, E. (2003). Políticas Públicas Municipales. Una Agenda en Construcción. México: Porrúa CIDE.

Cordero Méndez, E. (2017). Planeación Democrática en el Municipio de Cuautlancingo, Puebla. México:Montiel & Soriano Editores.

Salazar Medina, J. (1990). Desarrollo, Administración y Planeación Municipal: La Experiencia del Estado de México. México: Instituto de Administración Pública del Estado de México.

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