Por: Germán Reyna y Herrero
Las capacidades municipales representan al conjunto de conocimientos y habilidades del sector público para llevar a cabo sus funciones de manera óptima y estar en coordinación con los sectores privado y social. El principal objetivo: promover una vida digna para los ciudadanos. Así lo define el Informe “Transformando México desde lo local”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNDU].
No obstante, estas capacidades se ven disminuidas frente a la ineficiencia del gasto público que llevan a cabo los municipios, repercutiendo en la baja satisfacción de los ciudadanos en temas como los servicios públicos, lo que a su vez genera una percepción de incapacidad municipal. Anudado a esto existe una alta dependencia a las transferencias federales, falta de recursos e incentivos negativos generados por los arreglos fiscales. En la Tabla 1 puede observarse la distribución del gasto en los municipios.
Tabla 1.
Distribución del gasto público municipal
Servicio Público | Porcentaje de distribución del gasto municipal |
Recolección de basura | 65 % |
Agua potable | 53.8 % |
Drenaje y alcantarillado | 43.7 % |
Parques y jardines públicos | 38 % |
Alumbrado público | 35.9 % |
Calles y avenidas | 23.7 % |
Nota: elaboración propia con información de PNUD (2019)
Entre las razones que han provocado la ineficiencia del gasto público resalta la falta de controles, sólo 6.8 % de las administraciones públicas municipales cuenta con un plan anticorrupción y sólo 10.5 % recibe capacitación en esta materia. Otro caso es que sólo 6 de cada 10 administraciones tiene una oficina de control interno, apenas el 49.7 % hace auditorías y 46.5 % da seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos. De igual forma, 41 % tiene esquemas de sanción a servidores públicos, 39 % emplea mecanismos de contraloría social y 35 % tiene reglas para investigar a los servidores públicos.
Las debilidades antes expuestas están relacionadas directamente con la corrupción y el clientelismo en el cobro de impuestos y derechos, además del gasto público. Estas prácticas hacen más débiles las finanzas públicas, introducen criterios políticos que están alejados de la eficiencia y de la equidad en el ejercicio del gasto. Y para hacer más énfasis en el debilitamiento antes expuesto, los programas, proyectos o iniciativas del sector público se ponen en práctica más por un interés político que por el desarrollo humano.
En este sentido, los problemas financieros y el uso ineficiente del gasto público por lo general están relacionados con las capacidades de los gobiernos municipales para atender las demandas ciudadanas. Un ejemplo de estos aspectos lo muestra el índice de Capacidades Funcionales Municipales [ICFM] que proviene del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del Instituto Nacional de Geografía e Informática [INEGI], al especificar que existen desigualdades entre los municipios para impulsar el desarrollo humano en cada gobierno local. El contraste más evidente es el que existe entre los municipios grandes, ubicados en zonas metropolitanas, y los pequeños, ubicados en zonas rurales con pocas vías de comunicación.
Estas diferencias pueden originarse porque un gobierno que puede tener suficientes capacidades, no necesariamente las ocupa para mejorar el desarrollo humano. Las razones pueden ser que no está entre sus prioridades mejorarlo, porque lo realiza a través de proyectos o iniciativas inadecuadas, sin evidencia de su efectividad; o bien, por el clientelismo de los recursos públicos. Situación que genera beneficios privados en lugar de bienes y servicios públicos que mejoren el desarrollo de la población.
Facultades de los gobiernos locales, resultado de un largo proceso
De acuerdo, al informe de la PNDU las facultades de los gobiernos locales son resultado de un proceso de reformas que han impactado en la operación de las áreas y recursos, aunque no en el ámbito del diseño y gestión de las políticas públicas. Por ejemplo, entre 1999 y 2016 los ingresos de los municipios aumentaron en términos reales en un 18.1 %, y hasta el 2016 los municipios y las entidades federativas ejercen el 35.5 % del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Estas cifras indican que México, todavía es un país con finanzas públicas centralizadas debido a que los ingresos municipales no han sido fortalecidos suficientemente para atender las demandas de los servicios públicos y de las facultades exclusivas y presentes que los gobiernos locales tienen a su cargo, así como para financiar políticas o programas de cuenta propia o complementarios a los gobiernos federales y estatales.
Las obligaciones financieras al mostrar este incremento establecen una brecha entre sus recursos y sus facultades. De ahí que la deuda de los municipios sea un factor que debe observarse, más si existe un crecimiento acelerado. En este sentido el Reporte trimestral sobre la Deuda de Entidades Federativas y los Municipios, correspondiente al primer trimestre de 2022 da cuenta que la deuda de las entidades federativas, municipios y entes públicos incremento a 657, 886.3 millones; es decir, 4.3 % más alto en comparación con el mismo trimestre de 2021. Y en específico, la deuda municipal ascendió 5.9 del total de entidades federativas y municipios, lo cual corresponde a 38, 926.1 millones de pesos.
Oportunidades para mejorar las capacidades municipales
Un dato importante de subrayar es que sólo el 49.7 % de los municipios realiza auditorías, lo cual es un factor que impide hacer más eficiente el gasto municipal, y por tanto repercutir en la percepción negativa de la ciudadanía en cuanto a los servicios públicos. ARH Consultores al contar con más de 16 años de experiencia ha generado un esquema para que cualquier gobierno municipal en México tenga la oportunidad de generar auditorías que le permitan cumplir con las obligaciones del Estado y mejorar la eficiencia del gasto público.
A través de nueve soluciones de gobierno fortalecemos las capacidades de la administración pública a nivel municipal, ya que nos concentramos en atender aspectos de fiscalización, como la cuenta pública, fiscalización municipal, fortalecimiento de órganos internos de control en materia de responsabilidades administrativas. Así mismo, nuestras soluciones se concentran en generar esquemas de solución de obra pública, operacionales, sistema de control interno, diseño y gestión de las políticas públicas, evaluación de la gestión gubernamental, cumplimiento, gestión de la información y aspectos legales.
También puedes escuchar este artículo en YouTube